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En Veracruz: coordinación, estrategia y cero tolerancia a la impunidad

Redacción

Durante años, en Veracruz la inseguridad no solo se midió en cifras de violencia, sino en la percepción de que los delitos no tenían consecuencias. La ciudadanía veía cómo los grupos criminales operaban, crecían y se fortalecían mientras muchos casos quedaban atrapados entre expedientes inconclusos, detenciones fallidas o redes de protección desde el propio aparato gubernamental.

Por eso, el mensaje que hoy intenta posicionar el gobierno estatal no se centra únicamente en el número de operativos o cateos realizados, sino en la idea de que existe una estrategia coordinada entre instituciones estatales y federales para combatir la impunidad y golpear estructuras criminales en distintas regiones de Veracruz.

La administración de Rocío Nahle ha insistido en que la seguridad se trabaja todos los días desde la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, donde participan fuerzas estatales y federales para definir objetivos prioritarios, ejecutar operativos y judicializar casos de alto impacto.

Los recientes despliegues en municipios como Tuxpan, Tihuatlán, Álamo, Papantla, Espinal, Coatzintla, Coatzacoalcos e Isla reflejan precisamente esa línea de acción: operativos simultáneos, cateos, detenciones y aseguramientos dirigidos contra presuntos generadores de violencia que durante años encontraron terreno fértil ante la ausencia de inteligencia y coordinación institucional.

Uno de los temas que más ha llamado la atención es el combate al robo de hidrocarburo. El aseguramiento histórico realizado en Tihuatlán dejó claro que el llamado “huachicol” sigue siendo una actividad de alto impacto económico para grupos delictivos, pero también evidenció que las fuerzas de seguridad están enfocando parte de sus esfuerzos en atacar las estructuras financieras de esas organizaciones.

Y es que hoy el reto no solo es detener personas. La verdadera diferencia está en integrar expedientes sólidos, ejecutar órdenes de aprehensión correctamente y sostener jurídicamente los casos para evitar que se derrumben ante jueces. Ahí es donde se juega realmente el combate a la impunidad.

En este contexto, el trabajo coordinado entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, Sedena y Guardia Nacional busca enviar un mensaje claro: que las detenciones no sean mediáticas ni temporales, sino que se traduzcan en procesos judiciales firmes y eventualmente en sentencias.

A la par, también se ha puesto énfasis en debilitar las capacidades operativas de los grupos criminales mediante el aseguramiento de armas, vehículos, drogas, inmuebles, dinero e hidrocarburo robado. Tan solo en este mes, autoridades estatales reportaron más de 8 mil 300 litros de hidrocarburo asegurados y 285 cateos realizados en distintos puntos de la entidad.

Otro dato relevante que revelaron las autoridades durante recientes operativos fue el rechazo de sobornos millonarios por parte de elementos de seguridad para evitar detenciones relacionadas con redes de extorsión. Un hecho que intenta reforzar el discurso de depuración institucional y recuperación de la confianza ciudadana.

El secretario de Gobierno, Ricardo Ahued Bardahuil, resumió la postura oficial con una frase contundente: “cuando no existe tolerancia ni compromisos con grupos criminales, se actúa y se evita la impunidad”.

El objetivo de este gobierno es demostrar que en Veracruz ya no hay espacio para acuerdos con grupos criminales ni para mirar hacia otro lado. La apuesta está en sostener los operativos, mantener la coordinación y evitar que los delitos vuelvan a quedar sin castigo.

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