Javier Laertes/
Los Verificentros en el Estado de Veracruz continúan operando como lo venían haciendo desde el momento que recibieron la concesión, por lo que a pesar de la reforma legal que planteó el Estado para cobrar el servicio y convertirlo en un impuesto, estos espacios ofertan el servicio con normalidad, señaló Antonio Manuel López Rosas.
El también propietario de un Verificentro reconoció que de acuerdo a la legalidad desde el momento que se firmó el acuerdo de concesión, se señaló que cualquier modificación respecto al tema de pagos y demás se debe contar con la anuencia de ambas partes, por lo que, con la entrada en vigor del decreto planteado por el gobierno estatal, presentarán un amparo.
“Anteriormente en el Código Financiero el servicio de la verificación vehicular estaba considerada como un aprovechamiento, ahora al modificarse la ley, pasa a ser un derecho, al ser un derecho se convierte automáticamente en un impuesto, al convertirse en un impuesto, una de las características es que son exigibles por la autoridad y como los va a exigir, mediante requerimientos, multas, detenciones de vehículo; es algo así como el ISR, el IVA, este decreto afecta tanto a la ciudadanía, como a nosotros que hicimos inversiones costosas”, señaló.
Puntualizó que esta acción lo que plantea solo es que el Estado cobre el servicio para pagarlo después a los concesionarios, así como generar un impuesto, es decir que, quien no cumpla con la verificación tendrá que pagar multas y recargos, explicó.
“Ahora el gobierno del Estado pretende cobrar directamente el servicio de la verificación vehicular, lo cual es ilegal en este momento porque nosotros tenemos una concesión que está firmada directamente por un gobernador que estuvo en su momento y por los concesionarios y ahí se establece muy claramente que cualquier modificación que se haga a esa concesión deberá ser por un acuerdo de ambas partes, ese es el cambio y por lo cual hemos manifestado nuestra inconformidad de manera social, como en los términos legales”, puntualizó.
Reiteró que la problemática es que no se cuenta con un reglamento que especifique con claridad cómo el Estado, hará el proceso de pago por el servicio a los concesionarios, ni cuando, lo que genera incertidumbre.
“Lo que pretende el Estado es cobrar el cien por ciento y posteriormente a nosotros devolvernos mediante una transferencia, el importe del servicio que presta el verificentro o centro de verificación, cómo, cuándo y cuánto, no nos han estipulado en este momento todavía, ellos pretenden por las pláticas que hemos tenido con el subsecretario de ingresos otorgarnos una tarjeta de un banco, donde nosotros estaremos cobrando el servicio al cliente mediante una tarjeta, esto va a crear un inconveniente increíble porque no todas las personas utilizan tarjeta”, detalló.
Es por lo anterior, que reiteró que en la actualidad los Centros de verificación y Verificentros continúan operando como lo venían haciendo desde antes del decreto, donde la misma autoridad se vio obligada a otorgar los hologramas para el servicio.
