Se exceden jueces federales al otorgar amparos a delincuentes reitera gobernador

Javier Laertes/

Jueces federales del cuarto José Arquímedes Gregorio Loranca Luna y quinto Mario de la Medina Soto de distrito, se excedieron en la emisión de amparos a favor de presuntos delincuentes para que permanezcan en libertad en territorio veracruzano, acusó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El mandatario señaló además que estos jueces incurrieron en conflicto de intereses en lo que se refiere a la construcción de la Torre Centro, en el puerto de Veracruz donde a pesar de no cumplir con los permisos respectivos, se autorizó levantar el inmueble.

Entrevistado en la televisora estatal, acusó que estas decisiones “lastiman” a la sociedad veracruzana pues consideró que estas acciones representan “excesos” por parte de los jueces, que permitieron la liberación de individuos involucrados en casos graves como homicidios, abusos sexuales y privación de la vida de mujeres.

Lamentó que algunos jueces federales han instado al juez de control a ignorar pruebas y a tomar decisiones que, en su opinión, favorecen a los presuntos delincuentes, a pesar de que estas acciones perjudican la impartición de justicia y obstaculizan los esfuerzos para combatir la delincuencia en Veracruz.

Recordó que en la denuncia que presentó ante la instancia federal, destaca el caso de la «Torre Centro», donde los jueces Cuarto y Quinto de Distrito han manifestado intereses particulares en el caso, lo que sugiere la posibilidad de estar influyendo indebidamente en los procedimientos judiciales y poniendo en riesgo la integridad del proceso legal.

El Jefe del Ejecutivo de Veracruz, pidió a la Fiscalía General de la República que realice una investigación exhaustiva para determinar si ha habido alguna irregularidad en los amparos otorgados y si los jueces han incurrido en conductas indebidas.

Y es que la denuncia presentada por el mandatario estatal, destaca la importancia de preservar la independencia y la imparcialidad del poder judicial, así como la necesidad de garantizar que la justicia sea aplicada de manera equitativa y en beneficio de la sociedad.

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