Javier Laertes/
Concesionarios de verificentros y centros de verificación vehicular, se ampararán contra las nuevas disposiciones que plantea el Estado a través de decreto, respecto al proceso de Verificación Vehicular, el cual señalan se refiere a un nuevo impuesto que administrará el gobierno.
El concesionario Antonio Manuel López Rosas, señaló que al momento no se ha informado de manera oficial por parte de la administración estatal, cómo se operará, además, tampoco se les ha hecho entrega del equipo para las transferencias, el software único y demás acciones que se contemplan en el nuevo esquema.
Asimismo, dentro de lo que se plantea para los concesionarios es que tienen que renovar su equipo, así como también que deben mantener video en tiempo real de las verificaciones que llevan a cabo, donde afirmó que el problema estriba en que el Estado administrará de manera directa este proceso, por lo que quienes no cumplan con él, serán objeto de multas y recargos e incluso embargos.
“Para los concesionarios nos afecta directamente porque viene todo lo que implica el cambio, pero no nos dice en la Gaceta cuándo nos van a pagar, ni cuánto, ni cómo, no dice nada, no dice cuánto de lo que se cobra se va a reembolsar, esto está incompleto, no hay certidumbre de cómo vamos a operar, por otro lado, la Secretaría de Medio Ambiente dejó de proveer los certificados, al salir el decreto le pasó la pelota a SEFIPLAN; deben orientar a la población a partir del segundo semestre se específica que quien no verifique en el primer semestre, será acreedor a una multa y no podrá hacer la verificación vehicular que le corresponde si antes no va y paga la multa”, puntualizó.
Es por lo anterior que analizan la situación, para presentar un amparo ante estas acciones que se plantean y que insistió no se han aclarado, así como tampoco establecido las reglas de operación.
“Nos quedan dos caminos y el más viable que tenemos nosotros es el de la vía jurídica, la vía legal, tenemos derecho porque es una afectación directa a nuestro patrimonio, no hay que olvidar que tenemos una concesión otorgada por un gobierno incluso la concesión está firmada por el propio gobernador que en su momento estuvo, ninguna ley puede aplicarse de manera retroactiva en prejuicio de, por lo tanto, estamos trabajando con nuestros amparos”, señaló.
Pablo López concesionario de la zona Córdoba Orizaba, lamentó esta situación donde señaló que este programa perdió su esencia ambiental, al convertirse en uno de recaudación por parte del Estado, el cual además de afectar de manera directa a la población, también deja en la indefensión a los concesionarios.
Es por lo anterior, que insistieron en que se procederá conforme a la ley y llegarán hasta las últimas consecuencias legales de ser necesario, por medio de los juicios de amparo.
