CIUDAD DE MÉXICO
Por más de diez años, de 2008 a 2019, la principal preocupación de los mexicanos fue la inseguridad, pero a partir de la pandemia, en 2020, diversos estudios demoscópicos muestran que la salud y el desempleo son los temas prioritarios en el país.
Así lo señaló un estudio del Instituto Belisario Domínguez del Senado (IBD), titulado “Agendas Ciudadana y Legislativa 2020-2021: Inseguridad pública en el contexto de la pandemia”, el cual afirma que los problemas derivados del Covid-19 son los más relevantes de la agenda pública.
Explica que la inseguridad, como tema prioritario desde el punto de vista ciudadano, fue rebasado y opacado por la contingencia sanitaria y por la problemática derivada de ella.
Sin embargo, indica que se espera que esta situación sea pasajera, lo cual quiere decir que la inseguridad continuará teniendo importancia y prioridad para una gran cantidad de personas.
La nueva problemática, el tema de salud y el desempleo, añade, no desplazó realmente a la anterior, sino que podría incluso haberla agravado pues, a medida que aumentan factores como el desempleo, la desigualdad y la pobreza, el delito también incrementa.
“El desempleo y la salud relegaron a la inseguridad a un tercer sitio en cierto momento, no porque el país se haya vuelto más seguro, sino porque los mencionados se vuelven igual de apremiantes, pero más visibles”, apunta el documento.
Dados los estragos generados por la pandemia en términos económicos, los legisladores han manifestado como prioritario la reactivación mediante acciones que favorezcan al turismo, industria hotelera y restaurantera, desarrollo local, apoyo a MIPYMES, deducción de impuestos, mayor impulso a programas de empleo temporal y créditos a la palabra, así como el ingreso básico universal, éste último principalmente desde la oposición.
“En el rubro de salubridad destaca el fortalecimiento estructural del sector: equipamiento de hospitales y clínicas, así como creación de las condiciones para que en éstos existan las especialidades médicas que demanda la población”, indica el informe.
Entre los legisladores, dice el estudio, la agenda actual marca el impulso de protocolos para evitar más contagios entre el personal sanitario y, en general, mejoramiento de las condiciones laborales de este sector. Además, aún se discute la realización de pruebas masivas para la detección de Covid-19”.
El investigador del estudio, Israel Palazuelos, refiere que entre 2018 y 2020 se presentaron en el Congreso de la Unión más de 1500 iniciativas sobre seguridad y justicia, de manera que, en promedio, cada día se presentaban tres iniciativas de ley sobre estos temas, reflejo de las demandas populares.
El documento establece que fue así como se consumó el andamiaje legal de la Guardia Nacional, la regulación del uso de la fuerza, registro de detenciones, formación policial y sistema de información en seguridad pública; también, se legisló sobre extinción de dominio, prisión preventiva oficiosa y amnistía.
El estudio indica que es de suma importancia que las instancias legislativas sigan escuchando la demanda popular de atención prioritaria al problema de la inseguridad en México, considerando la resolución de los problemas que ha dejado o agravado a raíz de la crisis sanitaria.
