ESTADOS UNIDOS.
El debate sobre el sistema electoral en Estados Unidos es recurrente, especialmente tras elecciones controvertidas, como las celebradas en 2000, o como parecen destinadas a convertirse las de este año, con un Donald Trump que ha puesto en entredicho su funcionamiento y que está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Supremo para evitar lo que parece una ineludible victoria de Joe Biden.
El principal problema estriba en que lo que votan los estadounidenses no es a su presidente, sino a los delegados de sus estados en el Colegio Electoral. Este órgano esta compuesto por 538 compromisarios –por los 435 miembros de la Cámara de Representantes, los 100 miembros del Senado y los tres delegados del Distrito de Columbia–.
Todos los estados, con la excepción de Nebraska y Maine, conceden los delegados que por población les correspondan al candidato más votado, independientemente de si la victoria ha sido solo por un puñado de votos. Y aquí es donde se complica el asunto, ya que de este modo quien consiga sumar la mayoría de los 270 delegados en el Colegio Electoral aunque no haya obtenido más votos puede convertirse en presidente del país.
En la historia del país esto ha ocurrido en cinco ocasiones, tres de ellas en 1825, 1876 y 1888. Las dos restantes, sin embargo, están mucho más frescas en la memoria de los ciudadanos. En 2000, el republicano George W. Bush fue elegido con 271 votos electorales después de que se le adjudicaran los compromisarios de Florida al darle el Tribunal Supremo la victoria en este estado por 537 votos pese a que el demócrata Al Gore había logrado casi 450.000 votos más en todo el país.
El propio Trump se impuso en 2016 sobre la demócrata Hillary Clinton al conseguir los 270 electores pese a que la antigua secretaria de Estado recabó más de dos millones que el republicano.
El hecho de que un candidato pueda llegar a la Casa Blanca sin tener el respaldo mayoritario de los ciudadanos genera debate. En un sondeo publicado en septiembre por Gallup, el 61 por ciento de los estadounidenses se mostraron a favor de abolir el Colegio Electoral. El respaldo es mayor entre los demócratas, un 89 por ciento de los cuales son de esta opinión, y entre los independientes, con un 68 por ciento, mientras que solo el 23 por ciento de los republicanos comparten esta opción.
CÓMO ENMENDAR LA CONSTITUCIÓN
Pero acabar con el Colegio Electoral no es sencillo, puesto que requiere una reforma de la Constitución. Para introducir una nueva enmienda, algo que no ha ocurrido desde la aprobación de la 27 en 1992, están previstas dos vías distintas.
La primera de ellas, sería una propuesta por parte del Congreso con el respaldo de dos tercios de ambas cámaras. En caso de salir adelante, debe ser ratificada por los legislativos de tres cuartas partes de los estados del país. Esta ha sido la formula empleada hasta ahora en todos los cambios introducidos en la Constitución.
La segunda opción, nunca usada hasta la fecha, requeriría que los legislativos de dos terceras partes de los estados del país solicitaran al Congreso una Convención Constitucional. En ella, podría modificarse cualquier parte de la Carta Magna. Una vez hecho, el cambio tendrían que ratificarlo tres cuartas partes de los estados.
En realidad, el sistema electoral ya fue modificado en una ocasión en 1804 –la duodécima enmienda– con el fin de establecer el voto por separado de presidente y vicepresidente, pero desde entonces lo más cerca que se estuvo fue durante el Congreso de 1969-1971. La Cámara de Representantes aprobó en 1969 una resolución que proponía la dirección directa de presidente y vicepresidente, con la posibilidad de una segunda vuelta si ningún candidato superaba el 40 por ciento, pero no logró el respaldo del Senado.
El fundamento en el que se sustenta la creación de este sistema de elección del presidente es el principal obstáculo para modificarlo. Cuando se redactó la Constitución, se optó por este método indirecto con vistas a evitar que hubiera un presidente del sur o del norte y también para que no fuera el Congreso el que lo eligiera y tuviera así poderes sobre el mandatario.
En los estados más pequeños y menos poblados, el Colegio Electoral es visto como una forma de poder influir en Washington, por lo que en general no están dispuestos a ceder ese potencial, lo cual hace que lograr la ‘supermayoría’ de estados necesaria para sacar adelante una enmienda sea prácticamente una quimera.
VOTO POPULAR NACIONAL
Por eso, en los últimos años ha prosperado una vía alternativa que busca cambiar la forma de elegir al presidente sin tener que enmendar la Constitución. Se trata del movimiento Voto Popular Nacional (NPV) que surgió en 2006 y con el paso de los años ha ido ganando en apoyo.
Su planteamiento es el siguiente: los estados deben aprobar leyes por las que se comprometen a conceder todos sus delegados al candidato que más votos haya recabado a nivel nacional, con independencia del resultado en su territorio.
«El pacto garantiza que cada voto, en cada estado, importará en cada elección presidencial. El pacto es un enfoque basado en los estados que preserva el Colegio Electoral, el control estatal de las elecciones y el poder de los estados para controlar cómo se elige al presidente», defiende el movimiento interestatal en su página web.
Por ahora, un total de quince estados más el Distrito de Columbia han aprobado leyes en este sentido. Precisamente, en el caso de Colorado, los votantes debían pronunciarse este martes sobre una ley que había aprobado en 2019 el legislativo estatal. La medida recibió el respaldo de más del 52 por ciento de los ciudadanos.
No obstante, para que esta iniciativa entre en vigor hace falta que se sumen al pacto de la NPV estados suficientes como para reunir los 270 delegados que dan la mayoría en el Colegio Electoral. A día de hoy, los estados que avalan esta opción suman un total de 196 compromisarios.
