El gobierno de Estados Unidos realizó hoy su primera ejecución federal en casi dos décadas: un hombre que mató a una familia de Arkansas en la década de 1990 como parte de un complot para construir una nación sólo para blancos en el noroeste del país.
Daniel Lewis Lee, de 47 años, de Yukon, Oklahoma, murió por inyección letal en la prisión federal de Terre Haute, Indiana.
«No lo hice”, dijo Lee justo antes de ser ejecutado.
«He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino… Están matando a un hombre inocente”, agregó.
La ejecución se hizo pese a la objeción de la familia de las víctimas.
Para esta semana hay programadas otras dos ejecuciones: Wesley Ira Purkey el miércoles y Dustin Lee Honken, el viernes, mientras que una cuarta persona, Keith Dwayne Nelson, será ejecutada en agosto.
La decisión de seguir adelante con la ejecución, la primera por parte de la Oficina de Prisiones desde 2003, generó un fuerte escrutinio de grupos de derechos civiles y los propios familiares de las víctimas de Lee, que presentaron una demanda para tratar de detenerla, citando el temor por el coronavirus.
Argumentaban que Lee merecía una sentencia de cadena perpetua, no ser ejecutado. Subrayaron que el coacusado de Lee y el presunto cabecilla del grupo, Chevie Kehoe, recibió prisión de por vida.
Los críticos argumentaron que el gobierno estaba creando una urgencia innecesaria, para obtener ganancias políticas, antes de las elecciones de noviembre.
El gobierno ha estado tratando de presionar por estas ejecuciones a pesar de que persisten muchas preguntas sin respuesta sobre la legalidad de su nuevo protocolo de ejecución”, afirmó Shawn Nolan, uno de los abogados de varios hombres que enfrentan la ejecución federal.
La ejecución de Lee, quien fue declarado muerto a las 8:07 de la mañana, terminó después de una serie de voleas legales que terminaron cuando la Corte Suprema de Estados Unidos intervino el martes temprano en un fallo de 5-4 y permitió seguir adelante, revocando una suspensión decretada antes por una juez de primera instancia.
Los magistrados votaron para permitir que las primeras ejecuciones a nivel federal desde 2003 sigan adelante en el penal federal de Terre Haute, Indiana.
