Paco De Luna /
Xalapa, Ver.-La empresa Agroindustrias Unidas de México (AMSA) solicitó a un juez la revocación de la absolución de los cinco cafetaleros a quienes acusó que de haber incendiado parte de las instalaciones del beneficio de café.
Fueron señalados del delito de estragos en el inmueble ubicado en el municipio de Ixhuatlán del Café el día 20 de enero de 2022.
En esa fecha los productores protestaban en Ixhuatlán del Café por que acusaban de la baja arbitraria de precios que realizó AMSA.
El 24 de enero ocurrió un incendio en una oficina del beneficio de café que tiene la empresa. Acusaron a los productores de haberlo realizado.
“Un día antes ya había medios que decían que se quemaría el beneficio. Como era tan pequeño pusieron otras fotos como la que se presenta que es de un tractocamión en la autopista de Córdoba. Para abril del 2022, ya tenían un peritaje que señalaba que en el incendio se había utilizado material celulósico (papel) y no gasolina y diésel”, se lee en un pronunciamiento.
El 26 de mayo de 2023, más de un año después, se dio la orden de aprehensión contra 12 personas, cinco fueron encarceladas y los demás huyeron.
En la acusación, se utilizaron 30 testimonios de personas (15 no dieron nombre) que decían que como 200 gentes habían derribado el portón y los acusados llevaban bidones de gasolina y prendieron fuego a las instalaciones. Todos decían los mismos detalles. Por gestiones de los familiares y presión social salieron de la cárcel los cinco detenidos y el juicio siguió.
“Es claro que el pequeño incendio lo provocó la misma empresa y sus amigos y que se pusieron de acuerdo de manera fraudulenta con las autoridades locales para presentar una acusación con testimonios falsos”.
Durante 10 meses los acusados solicitaron a las autoridades estatales que recibieran las pruebas de los acusados que demostrarían que se encontraban en otros lugares y no participaron en el incendio.
Tres veces instruyó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que se viera este caso, pero las autoridades estatales siguieron con el mismo.
Con la gestión de los familiares, a la cuarta instrucción presidencial, de la Secretaría de Gobernación, recibieron a los acusados, se revisaron sus pruebas y lograron que el juez las recibiera.
De Gobernación concluyeron que lo adecuado era que las autoridades locales se desistieran de la acusación, lo cual fue aceptado por acusados y familiares.
