Ana Lilia Velázquez/XALAPA, VER.- En el marco del Día de la Visibilidad Transgénero, la dirigencia estatal del PRD presentó ante el Registro Civil 26 solicitudes de cambio de identidad de género para reconocer este derecho al mismo número de personas trans.
La Secretaria de las juventudes de la dirigencia nacional de ese partido Karla Jacobo, explicó que se busca presionar al Congreso local para que legisle en la materia y de esta manera, el cambio de identidad de género deje de ser un proceso judicial y se convierta en un acto administrativo.
Confió en lograr la jurisprudencia necesaria para que el Poder Judicial obligue al Poder Legislativo de Veracruz a legislar en favor de los derechos de las poblaciones trans, y destacó que esta estrategia forma parte de un esfuerzo conjunto de la secretaría que encabeza y de la Secretaría de Igualdad de Géneros y Diversidad Sexual de la Dirección Estatal Ejecutiva (DEE) del PRD en Veracruz a cargo de Myriam Lagunes.
Al respecto, David Sánchez Romero, coordinador de Litigio Estratégico de la Secretaría Nacional de las Juventudes del PRD, indicó que las solicitudes hechas al Registro Civil dan la oportunidad al gobierno estatal de rectificar las actas de nacimiento sin necesidad de iniciar un proceso judicial que llega a costar hasta 20 mil pesos.
Recordó que desde hace dos meses esta secretaría puso en marcha la campaña “Libres e Iguales”, mediante la cual, de manera gratuita, se busca facilitar judicial y administrativamente el cambio de identidad de género a las personas trans interesadas en dicho trámite, tarea que hasta el momento han realizado en Aguascalientes, Tamaulipas y Yucatán.
Ante la previsible negativa del Registro Civil de Veracruz, el equipo jurídico del PRD promoverá un amparo en los juzgados de distrito para que un juez ordene a dicha autoridad la rectificación de las actas de nacimiento, procedimiento que dijo tiene una duración de entre cuatro y ocho meses.
“Pretendemos que cinco jueces de este distrito, al que pertenece Veracruz, emitan un mismo criterio para obligar al Congreso del estado a declarar inconstitucional el entramado normativo que obliga a las personas trans a someterse a un procedimiento judicial que la misma Corte ha calificado como violatorio de los derechos humanos”.
