El primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, declaró el jueves 14 días de estado de emergencia después de unos disturbios que dejaron 15 muertos y numerosos saqueos y destrozos de comercios. La violencia estalló en la capital, Port Moresby, la noche del miércoles, luego de un pequeño grupo de soldados, policías y guardias penitenciarios lanzaron protestas contra el gobierno por reducciones en sus salarios.
En pocas horas los altercados se extendieron a la ciudad de Lae, unos 300 kilómetros al norte de la capital de este país insular en el Pacífico.
«Hoy decretamos un estado de emergencia para 14 días en la capital de nuestra nación», anunció Marape. Más de mil soldados están posicionados para «contener cualquier situación que pueda surgir en adelante», agregó.
El comisario de policía David Manning había informado previamente que 15 personas murieron en los disturbios en la capital y en Lae. El mayor hospital de Port Moresby atendió a 25 personas heridas de bala y otras seis con cortes de machete, según los datos que aportaron a la agencia AFP. Imágenes mostraron los saqueos en la capital, donde personas rompían escaparates y cargaban objetos robados en cajas de cartón, carritos de supermercado y baldes de plástico.
Otras imágenes mostraron edificios y automóviles incendiados, con espesas columnas de humo sobre partes de la capital. La embajada de Estados Unidos en Port Moresby indicó que se produjeron disparos cerca de sus instalaciones cuando la policía intentaba «dispersar grupos de saqueadores». Beijing presentó una queja formal porque en los disturbios, según su diplomacia, varios comercios chinos resultaron dañados y dos de sus ciudadanos sufrieron «heridas leves».
Las fuerzas de seguridad desplegaron una protesta en el Parlamento tras darse cuenta de que se les había reducido la paga. Aunque el gobierno prometió rápidamente que enmendaría lo que tildó de fallo técnico, no bastó para frenar a otros ciudadanos contrariados que se unieron a los disturbios. Este estallido de violencia refleja la volátil situación en este país situado a apenas 200 kilómetros de la costa septentrional de Australia.
Aunque dispone de enormes reservas de gas, oro y minerales, los grupos de derechos humanos estiman que un 40% de sus nueve millones de habitantes viven por debajo del umbral de la pobreza.
