Un nuevo proyecto de ley propuesto en el Congreso de Massachussets permitiría a los presos del estado donar sus órganos a cambio de sentencias reducidas, medida que ya ha sido fuertemente cuestionada por organizaciones de derechos humanos y expertos en bioética. La propuesta nacida por dos legisladores locales.
El proyecto contempla reducciones penales de entre 60 días y hasta un año bajo la condición de que la persona encarcelada haya donado parte de médula ósea o un órgano. Actualmente, la donación de órganos está permitida en las prisiones federales de Estados Unidois, pero solo si el receptor es un familiar inmediato.
Los representantes locales Judith García y Carlos González, ambos de Partido Demócrata, afirman que su proyecto buscaría restaurar «la autonomía corporal» de las personas encarceladas, esto con el fin de establecer un programa de donaciones en las correcionales estatales, ya que más de 5 mil personas en la entidad están en lista de espera para transplantes de órganos. Pero los críticos advierten que no es ético y se aprovecha de la desesperación de los reclusos.
«Es como si estuvieras extrayendo órganos. Simplemente no se siente bien. No se siente humano», dijo Romilda Pereira, fundadora de Project Turnaround, al diario The Boston Globe. «Estás negociando con personas vulnerables por su tiempo».
«Parece sacado de un libro de ciencia ficción o una historia de terror» , dijo a Insider Kevin Ring, presidente de la organización sin fines de lucro Families Against Mandatory Minimums a la revista Insider, una organización que han impulsado cambios en la justicia penal.
«Es solo este tipo de idea que tenemos esta clase de subhumanos cuyas partes del cuerpo [que nosotros] cosecharemos porque no son como nosotros o porque están tan desesperados por la libertad que estarían dispuestos a hacer esto».
Los observadores políticos dicen que es poco probable que el proyecto se convierta en ley. Estadísticamente, las personas que se encuentran presas generalmente son de minorías, como afroamericanos y latinos. Esto también abre un debate de un posible racismo y explotación humana en la aplicación de la medida.
