Javier Laertes/
La fiscal Verónica Hernández Giadáns, lamentó la resolución de un juez federal de suspender la medida cautelar de prisión preventiva a la jueza Angélica “N”, donde sólo se basan en un criterio de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin tomar en cuenta el planteamiento de la autoridad “politizando” la justicia.
“El principal agravio es que la Fiscalía General ha hecho valer su autonomía, tanto de otros poderes públicos y fácticos, como de grupos políticos, delincuenciales y complicidades de otros arreglos. Hacemos esfuerzos todos los días, mañana, tarde y noche, para evitar la impunidad que hoy se ha convertido en uno de nuestros principales problemas. Con entereza, con fuerza y con pasión nos defenderemos de los intereses ilegítimos que hoy, regresan bajo el pretexto de la discusión acerca de la prisión preventiva”, señaló.
En la conferencia de prensa desde palacio de gobierno, la titular de la Fiscalía General del Estado reiteró el posicionamiento de ese organismo respecto a este hecho, donde afirmó que en todo momento están de lado de las víctimas.
“El Estado de Derecho nace para dar seguridad y protección a los débiles y a las víctimas; así como, dirimir controversias e impartir justicia. Lograr que nada ni nadie esté por encima de la Ley. La Fiscalía General del Estado se rige bajo el respeto de los derechos humanos de todos; aunque el bienestar y los intereses de los débiles y las víctimas son nuestra principal motivación”, apuntó.
Y es que señaló que con este tipo de resoluciones de los jueces federales, criminales responsables de delitos como el homicidio, violación, secuestro y pederastia entre otros, pueden enfrentar sus procesos en libertad.
“Hablamos de presuntos secuestradores, homicidas, pederastas, de quienes presuntamente han cometido el delito de desaparición de personas, que habían sido detenidos, vinculados a procesos y que se les había impuesto prisión preventiva oficiosa; que claramente tiene fundamento en el artículo 19 de la Constitución General de la República y hoy están de nuevo en la calle”, reiteró.
La fiscal manifestó que respeta la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya que forma parte de una sociedad democrática y humanista, sin embargo, la calificó de “una interpretación extremista” de toda decisión jurisdiccional, que genera un “grave” riesgo a quienes son víctimas directas e indirectas de los delitos y de la sociedad en general.
“Es importante que todos, magistrados, jueces, fiscales, abogados y la sociedad entera imaginemos el sufrimiento que sienten las víctimas de los delitos al ver a los presuntos responsables deambular libremente por las calles. La sensación de inseguridad, el miedo, la ansiedad los paralizan y frustran, a ellos y sus familias; al igual que a su entorno social y comunitario”, finalizó.
