La justicia británica se declaró «incompetente» este viernes en la batalla judicial entre el rey emérito español Juan Carlos I y su examante Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, que le reclamaba 126 millones de libras (165 millones de dólares) por acoso. Esta mujer danesa, divorciada de un príncipe alemán y conocida también por su nombre de soltera, Corinna Larsen, mantuvo una relación con el entonces monarca entre 2004 y 2009.
En su decisión anunciada por escrito, la jueza Rowena Collins Rice concluyó que «el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales no dispone de la competencia jurisdiccional para juzgar» este caso. La magistrada señaló que la denunciante «no estableció suficientemente» que los hechos que originaron su demanda se produjeran en Inglaterra.
Larsen, que ronda los 60 años, había presentado una demanda civil en 2020 en Londres. La que fuera amante del exmonarca aseguró que Juan Carlos I, ahora de 85 años, la hostigó desde 2012 buscando recuperar «regalos» que incluyen 65 millones de euros (73 millones de dólares). El monarca emérito celebró el fallo, pero ella mostró su decepción tras la decisión judicial, en un mensaje enviado por sus abogados.
«Estoy profundamente decepcionada por el fallo dictado en este caso por el Alto Tribunal de Inglaterra», afirma la demandante. En su fallo, la jueza afirma que Larsen «no ha demostrado suficientemente que el ‘hecho perjudicial’ del que se queja —el acoso por parte del acusado— haya ocurrido en Inglaterra».
En julio, el abogado del rey emérito, Adam Wolanski, en una vista preliminar ante la jueza Collins Rice, argumentó que el caso no podía ir a juicio por falta de jurisdicción y fallos de forma y procedimiento. Y la magistrada dictó en su favor este viernes, aunque Larsen, en su comunicado, deja la puerta abierta a nuevas acciones judiciales.
«La intimidación y el acoso hacia mí y mis hijos continúan y tienen como objetivo colapsarme por completo. Juan Carlos ha desplegado todo su arsenal para aplastarme y el alcance de su poder es inmenso. Estoy considerando todas las opciones”, afirma la danesa.
Entre otros ataques, Larsen denunció «entradas ilegales» en sus domicilios, «la perforación de un agujero en la ventana de su dormitorio mientras dormía», el 21 de junio de 2017, y disparos a sus cámaras de seguridad, el 14 de abril de 2020. La jueza reconoció que Larsen «tiene un relato que desea dar de su historia personal y financiera con el acusado, y sobre el daño que éste ha causado a su tranquilidad y bienestar personal, y a su vida empresarial, social y familiar».
Pero la magistrada añade que «la única cuestión para mí ha sido si la demandante puede obligar al acusado a dar su versión de los hechos al Tribunal Superior. Mi conclusión, tal como están las cosas, es que no puede». El padre del actual rey de España negaba «enfáticamente» las acusaciones de amenazas, intrusiones, seguimiento, pirateo y difamación.
Ahora, Larsen tiene la posibilidad de acudir al Tribunal de Apelaciones.
«Es desalentador ver que las víctimas de acoso a menudo luchan por encontrar justicia en nuestro sistema legal. El acoso tiene un impacto profundo y duradero en las personas, y es crucial que nuestros procesos legales proporcionen recursos adecuados para quienes lo han sufrido», concluye el comunicado de Larsen.
Nombrado jefe de Estado en 1975 a la muerte del dictador Francisco Franco, que lo designó como su sucesor, Juan Carlos I fue respetado durante décadas por permitir el retorno de la democracia a España. Pero una multiplicación de escándalos a partir de 2012, incluida la relación con Larsen, derrumbaron su imagen. En junio de 2014 acabó abdicando a favor de su hijo.
Posteriores revelaciones de Larsen sobre presuntas malversaciones llevaron al rey emérito a exiliarse, en agosto de 2020, a los Emiratos Árabes Unidos para «facilitar» el trabajo de su sucesor.
