Xalapa, Ver., 18 de marzo de 2026.— El exfiscal general de Veracruz, Jorge “N”, quien está próximo a cumplir cuatro años en prisión, fue imputado este miércoles por tres nuevos delitos: ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Durante la audiencia inicial, un juez de control determinó imponerle un año de prisión preventiva justificada, por lo que deberá permanecer recluido en el penal de Pacho Viejo, ubicado en Coatepec, mientras avanza el proceso penal. Asimismo, se fijó el 23 de marzo como fecha para definir si será vinculado a proceso por estos nuevos cargos.
De acuerdo con la Fiscalía estatal, el exfuncionario habría ejercido el cargo de fiscal general entre el 30 de diciembre de 2016 y el 3 de septiembre de 2019 sin contar con la certificación de control y confianza emitida por un centro federal avalado, requisito obligatorio para mandos superiores.
La imputación señala que el 24 de agosto de 2019, Jorge “N” presuntamente ordenó a personal de la propia Fiscalía practicarle una evaluación tanto a él como al entonces fiscal anticorrupción, Marcos Even Torres Zamudio, con el objetivo de cumplir con dicho requisito. Posteriormente, se habrían emitido documentos para validar ese procedimiento realizado por subordinados.
Antecedentes
Jorge “N” fue designado fiscal general durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares y permaneció en el cargo hasta septiembre de 2019, cuando el Congreso de Veracruz determinó su separación al considerar que no cumplía con los requisitos legales.
Tras su destitución, el exfuncionario rechazó los señalamientos y aseguró haber sido evaluado en el Centro de Evaluación y Control de Confianza de la propia Fiscalía estatal.
Posteriormente, dejó de presentarse ante las autoridades y fue detenido el 25 de julio de 2022 en Puerto Escondido, Oaxaca, luego de permanecer prófugo. Desde entonces permanece recluido en el penal de Pacho Viejo.
Procesos en curso
El exfiscal enfrenta otros procesos penales, entre ellos uno por la presunta privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, en agravio de un exjefe de escoltas de Luis Ángel Bravo Contreras, quien se desempeñó como fiscal durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa.
