La oficina del fiscal federal del Distrito Este de Nueva York acusó este martes al congresista estadunidense George Santos de diez nuevos cargos penales, que incluyen conspiración y fraude, después de que su extesorera de campaña, Nancy Marks, llegara a un acuerdo con los fiscales y se declarara culpable.
Esta acusación formal, que incluye un total de 23 cargos, tiene lugar después de que Santos se declarara inocente en mayo de una acusación de trece delitos. El congresista deberá comparecer ante el tribunal el 27 de octubre.
Santos está acusado de robar identidades de personas y realizar cargos en tarjetas de crédito de sus propios donantes sin su autorización, «mintiendo a la Comisión de Elecciones Federales (FEC, por sus siglas en inglés) y, por extensión al público sobre el estado de su campaña», ha explicado el fiscal federal, Breon Peace. Asimismo, ha señalado que el acusado, que «infló de manera fraudulenta las arcas de su campaña», dirigió «múltiples planes criminales fraudulentos adicionales, mintiendo al público estadunidense».
«Esta oficina perseguirá implacablemente cargos penales contra cualquier que utilice el proceso electoral como una oportunidad para defraudar al público y a nuestras instituciones gubernamentales», agregó Peace, que ha aseverado que «cualquiera que intente violar la ley como parte de una campaña política enfrentará castigo en el sistema penal».
Durante las elecciones de 2022, Santos fue candidato a la Cámara de Representantes de Estados Unidos en el tercer distrito del Congreso de Nueva York. En ese periodo, junto a su extesorera de campaña, conspiró para idear y ejecutar un plan para obtener dinero para la campaña mediante la presentación de informes falsos en los que inflaron las cifras de recaudación.
El objetivo del plan era garantizar que Santos, del Partido Republicano, hubiera recaudado al menos 250 mil dólares de contribuyentes en un semestre para obtener su plaza en u programa de fondos administrado por el Comité Nacional del Partido.
Para crear la apariencia de que su campaña había cumplido con ese requisito y era financieramente viable, Santos y Marks acordaron informar a la FEC que al menos diez familiares habían hecho contribuciones financieras significativas a la campaña, cuando sabían que estas personas no habían realizado las contribuciones indicadas ni habían dado autorización para que su información personal se incluyera en dichos informes públicos falsos.
