A horas de que se conmemoren ocho años de la desaparición de los 43, el caso volvió a dar un vuelco.
Fuentes de la Fiscalía General de la República (FGR) consultadas por Excélsior revelaron que funcionarios de la propia Comisión de la verdad son investigados por filtrar partes confidenciales del informe sobre los normalistas, lo cual constituye un delito.
Los párrafos tachados del documento, cuya versión pública fue presentada el pasado 18 de agosto, indican que la mayoría de los estudiantes fueron descuartizados, algunos disueltos en ácido y otros enterrados, de acuerdo con información publicada ayer por el diario Reforma.
Además, se da a conocer la supuesta participación del 27 Batallón de Infantería, pues días después de la desaparición de los 43, militares y autoridades de los tres niveles de gobierno habrían llevado ahí los cuerpos, tras desenterrarlos de fosas clandestinas en Iguala.
Luego de difundirse esta información, Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación y titular de la Comisión de la verdad, lamentó y condenó la “grave filtración”. Vía redes sociales, pidió a la FGR investigarla.
“Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”, tuiteó. “En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”, agregó.
Sin embargo, ayer la FGR empezó a indagar a personal de la Comisión, su entorno y relaciones, mucho antes de la solicitud del funcionario federal.
FGR apunta a Comisión de la verdad por filtrar informe
Cuando el subsecretario autentificó el informe del caso Ayotzinapa, la FGR ya había avanzado en sus indagatorias en el entorno del propio funcionario.
Las primeras investigaciones sobre la filtración de un informe de la Comisión para la Verdad y Accesos a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CVAJCA), en donde se detalla una supuesta trama para proteger la participación del 27 Batallón de Infantería del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, hace 8 años, publicada por Reforma y autentificada por el subsecretario Alejandro Encinas, apuntan hacia el personal de la misma Comisión de la verdad.
De acuerdo con el artículo 225 (Delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos) inciso XXVIII del del Código Penal Federal, el funcionario público que dé “a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información que obren en una carpeta de investigación o en un proceso penal y que por disposición de la ley o resolución de la autoridad judicial, sean reservados o confidenciales…” se hará acreedor a una “pena de prisión de cuatro a diez años y de cien a ciento cincuenta días multa”.
Ayer sábado, después de la publicación del informe de la CVAJCA, que ya había sido presentado públicamente desde el pasado 18 de septiembre en Palacio Nacional, pero testado, el subsecretario Alejandro Encina, vía Twitter expuso:
“Condeno la lamentable filtración de la información entregada a la @FGRMX (Fiscalía General de la República) por la Comisión de Ayotzinapa. Es absolutamente irresponsable y una falta de respeto a los padres y madres de los estudiantes desaparecidos”.
En un siguiente tweet, el funcionario federal señaló: “Solicitó a la @FGRMX (Fiscalía General de la República) que inicie una indagatoria para identificar y castigar a quien resulte responsable de esta grave filtración”.
En un tercer mensaje en su red social, Encinas escribió: “En todo momento se debe preservar el interés superior de las víctimas ante un asunto tan delicado. Este tipo de filtraciones, lejos de ayudar a la investigación, la perjudican y abren paso a la impunidad”.
Una vez que el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación dio veracidad a la publicación periodística, Excélsior consultó algunas fuentes de la FGR para conocer una reacción sobre el tema.
Por parte de los funcionarios consultados se pudo saber que mucho antes de la solicitud del subsecretario Encinas, los mecanismos de la FGR se activaron tan pronto como tuvieron acceso a la información del diario.
Y en estos momentos, la principal línea que se está siguiendo sobre el tema, es en torno al personal que trabaja en la Comisión para la Verdad y Accesos a la Justicia del Caso Ayotzinapa, su entorno y relaciones personales para saber si desde ahí fue donde salió la información filtrada de la que se quejó Alejandro Encinas, sin mencionar nada específicamente.
La FGR no quiere descartare ninguna posibilidad por lo que se evalúa una indagatoria dentro de la misma dependencia, en el entorno del personal de su Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA), a cargo de Omar Gómez Trejo, quienes son los que pueden tener acceso a esa documentación.
El viernes pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia mañanera, se pronunció porque los documentos testados de la investigación del caso Ayotzinapa dejaran de estarlo y se hicieran públicos todos los nombres de las personas relacionadas.
Después de un intercambio con el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas sobre la judicialización del caso, el jefe del Ejecutivo Federal dijo:
“Ah, pues eso, es lo que hay que buscar, o sea, que se den a conocer los nombres, y esto va a ayudar mucho. Hay que pedirle la autorización al Poder Judicial. Dile a Alejandro (Encinas) que nos ayude hablando con el Poder Judicial, haciendo los trámites legales para dar a conocer. Porque esto no es un asunto nada más jurídico, es un asunto de justicia, es un asunto político, es un asunto de Estado (…) No, si no damos a conocer todo y empezamos a tachar, lo que hacemos es crear incertidumbre y dar motivo para la especulación, las conjeturas, para la mala fe de los adversarios nuestros. ¡Qué tenemos nosotros que estar ocultando los nombres si no queremos que haya impunidad!”, dijo el Presidente.
La publicación periodística de ayer sábado consistente en mensajes escritos entre el capitán José Martínez Crespo —preso por el caso de los normalistas— con un integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, en torno a qué hacer con los cuerpos de los estudiantes que para el 28 de septiembre habían sido supuestamente enterrados en un sitio e iban a ser exhumados para hacerlos desaparecer, aparece de manera conveniente a la intención de trasparencia impulsada por el Presidente.
Ahora que públicamente el subsecretario Encinas dio fe de que los documentos publicados son verdaderos, donde también se relaciona al expresidente Enrique Peña Nieto y consolida la acusación de la Comisión de la verdad de que el entonces alcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue el autor intelectual —que ya obtuvo una sentencia absolutoria del caso por parte del juez federal Samuel Ventura Ramos—, las investigaciones de la FGR para dar con la persona que haya entregado documentos judicializados, informaron los funcionarios de la Fiscalía consultados, estará en marcha hasta dar con quién o quiénes entregaron ese informe de la Comisión de la verdad al diario Reforma.
Exigen abrir archivos militares; mitin de papás en el Monumento a la Revolución
Desconocen el informe de Encinas.
Padres de los estudiantes de Ayotzinapa exigieron al Ejército que abra sus archivos y que dé a conocer información que ha ocultado desde el día en que desaparecieron los normalistas.
Durante un acto político cultural en el Monumento a la Revolución, en el que al canto de “venceremos, venceremos”, la mamá de uno de los desaparecidos expresó:
“Estamos aquí en la ciudad de México, una demanda que nosotros tenemos: la aparición con vida de nuestros hijos. Seguimos en la exigencia, porque hasta el día de hoy no se han abierto los archivos de los militares, aún no tenemos toda la información que el Ejército tenga que dar, nosotros le exigimos al Ejército que ponga de su parte para que abran esos archivos, para que de toda la información que ha ocultado desde aquel día 26 de septiembre del 2014.”
También, aseguraron que desconocen el contenido del expediente sin testar elaborado por la Comisión de la Verdad y entregado a la Fiscalía.
“No sabemos qué dice”, señaló por su parte María Tlatempa Bello, madre de José Eduardo.
Advirtieron que dicho informe aún debe ser revisado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
“Como los familiares lo han manifestado públicamente, ellos tampoco supieron cuando se estaba trabajando y no fueron llamados y no participaron en el informe final, así que de parte de los padres tampoco tienen información”, señaló Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
Pablo Hernández, padre de Miguel Ángel, también aseguró que desconoce el expediente con el informe que presentó Encinas desde el pasado 18 de septiembre en Palacio Nacional.
