Cinthya Trinidad/
Maestros veracruzanos están en duda del destino de 500 millones de pesos, que les descuentan de sus nóminas por concepto de un seguro, alertó Benjamín Callejas Hernández integrante del sector magisterial.
El entrevistado, estimó que son 80 mil maestros en el Estado que cotizan esta prestación quienes señalan que no hay transparencia ni rendición de cuentas, en relación al uso de dicho dinero y si lo van a recibir.
Explicó que al momento de su jubilación los docentes tienen que esperar dos años para recibir media póliza de parte del seguro que tienen contratado, pero tampoco hay garantía de que lo reciban.
«Aquí lo que nos cometan varios docentes estatales que pertenecen al sindicato mayoritario que es la 56 y sindicatos chicos es que desafortunadamente no se da una transparencia ni rendición de cuentas, en lo que es ese recurso que les están descontando».
Tambien señaló que desafortunadamente el órgano de control está fincado en dos sindicatos, sin dar oportunidad a que otros sindicatos esten ahí para poder «vigilar» el uso del recurso a los docentes.
Expuso que la Ley que regula el control en el otorgamiento de este tipo de prerrogativas tiene «vacios», que da facultades en el uso y manejo de estos recursos de forma discrecional.
Explicó que este problema data de hace 77 años, cuando se formó el seguro del magisterio.
«El problema es que no se da la transparencia y mucho menos la rendición de cuentas», reiteró Callejas Hernández.
En total son 80 mil maestros veracruzanos que tienen duda de a dónde se van sus aportaciones.
«A dónde está esa carga, a dónde está ese adeudo, y el apoyo que están pidiendo los síndicos es tener la representatividad, ante el consejo administrativo porque desde hace 70 años, solo lo tiene el SNTE y el SETSE», indicó Alberto Arriaga, maestro.
Señalaron que son 40 organizaciones sindicales los que no tienen representatividad, ni voto en cuanto manejo de este recurso.
Por último, Benjamín Callejas Hernández expuso que buscará derogar la Ley 4 del STEV para que haya más transparencia y rendicion de cuentas en el recurso manejado y que el encargado del Estado sea autónomo.
