El papa Francisco dijo el domingo estar «preocupado» y «entristecido» por la situación en Nicaragua, especialmente por el obispo Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel, y por la deportación de 222 opositores a Estados Unidos.
El gobierno de Daniel Ortega liberó el jueves a 222 opositores y los deportó a Estados Unidos, despojados de su nacionalidad.
El obispo Rolando Álvarez, que se negó a ser deportado, fue condenado a 26 años de cárcel por, entre otros cargos, menoscabo a la integridad nacional.
«Las noticias que llegan de Nicaragua me han entristecido mucho», dijo el pontífice argentino al final de su tradicional oración del Ángelus, en la plaza de San Pedro.
No puedo dejar de recordar con preocupación al obispo de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, a quien quiero tanto», agregó, y «también a las personas que han sido deportadas a Estados Unidos».
Francisco dijo rezar por todos ellos y «por quienes sufren en esa querida nación».
Además, instó a los responsables políticos a seguir la senda de «la búsqueda sincera de la paz, que nace de la verdad, la justicia, la libertad y el amor, y se alcanza mediante el ejercicio paciente del diálogo».
Entre los 222 opositores nicaragüenses excarcelados figuran la exprecandidata presidencial Cristiana Chamorro y su hermano y exministro Pedro Joaquín Chamorro, así como otros políticos que pretendían desafiar a Ortega en los últimos comicios.
También fueron liberados y expulsados a Estados Unidos otros dos integrantes de la familia Chamorro ligados al diario La Prensa, que ahora se edita en internet en el exilio, y la excomandante guerrillera Dora María Téllez.
El jueves, al anunciar la medida, Ortega dijo que el obispo de Matagalpa, de 56 años y detenido desde agosto por conspiración, rechazó marcharse a Estados Unidos con el grupo de excarcelados.
El presidente indicó que una decena de sacerdotes, diáconos y seminaristas abordó voluntariamente el vuelo que llevó a 222 opositores excarcelados y que ahora sólo quedan tres religiosos presos en Nicaragua: dos sacerdotes «por delitos comunes» y el obispo por «terrorismo».
