Javier Laertes/
Denuncian a la jueza del Juzgado Octavo de Primera Instancia Especializada en materia familiar de Orizaba Gema Méndez García y a la secretaria de acuerdos Eloísa Román Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia.
El abogado Jorge Reyes Peralta se presentó este miércoles a la Fiscalía Anticorrupción, acompañando a la señora Samira Kuri Palacios a quien, tras divorciarse de su ahora ex marido, fue despojada de sus hijos donde en menos de 72 horas la jueza otorgó la guardia y custodia a la hermana del ex esposo.
En ese tenor, señaló que la jueza actuó sin conocimiento del convenio que había con su ex pareja, donde se señala que la guardia y custodia de los menores era de la madre que radica en Puebla, por lo que el padre los visitaba cada fin de semana para llevarlos a Orizaba.
“Cometieron delitos por hechos de corrupción que son abuso de autoridad y contra la administración de justicia, por dichos delitos estas dos funcionarias pueden alcanzar hasta ocho años de prisión”, manifestó.
Resaltó la falta de conocimiento del caso por parte de la jueza, que de acuerdo a Reyes Peralta todo el caso lo resolvió en su escritorio sin tomar en cuenta pruebas y expedientes.
“No es posible que la cosa juzgada no haya respetado la jueza que tiene menos de cuatro meses que se divorciaron y la jueza van con un escrito, no se cerciora siquiera porque en el escrito únicamente dice que en el mes de junio nos divorciamos, pero la jueza no exhibe ni la copia de ese expediente porque fue un juzgado distinto y la jueza le quita los niños a la señora de 4 y 6 años y los entrega a la tía; definitivamente es un acto de corrupción. Jamás salieron del juzgado, la diligencia se practicó en el escritorio de la jueza, le llevaron fotografías, la jueza no conoce ni a los niños, ni la secretaria menos, así de fácil”, reiteró.
Por lo anterior, insistió en que Méndez García incurrió en un acto de corrupción al no tomar en cuenta expedientes y pruebas, donde además estableció que la convivencia con la madre sea a través de medios electrónicos.
“Para entregar esos menores la jueza, no les pidió ningún requisito a quien se los entregó y ningún certificado, ni nada, por qué, por las simple y sencilla razón porque todas esas diligencias en 72 horas las hicieron en el escritorio y en el juzgado, la jueza jamás salió, ni la secretaria a practicar la diligencia, eso es un acto de corrupción que venimos a denunciar”, dijo y adelantó que presentará además una queja administrativa en el Consejo de la Judicatura, así como una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
