Sofia B.
Tlacolulan, Ver., 9 de febrero de 2026 – La comunidad de Potrero de García enfrenta una creciente emergencia ambiental y de salud pública debido a la operación ilegal de un vertedero de basura que, bajo el pretexto de ser un relleno sanitario, funciona desde 2021 sin cumplir con las normas ecológicas ni contar con autorizaciones oficiales.
El diputado federal Adrián González Naveda, tras recorrer la zona, confirmó que el predio opera como un tiradero a cielo abierto a pesar de contar con una orden de clausura emitida por las autoridades ambientales. Según el legislador, los operadores del sitio han violado dicha clausura al romper los sellos oficiales, incrementando desde enero el volumen de desechos recibidos.
Vecinos de la localidad manifestaron su indignación ante la aparente indiferencia de las instancias gubernamentales, denunciando que diversos municipios siguen utilizando el espacio para depositar residuos sin control. Esto ha generado, según los habitantes, un foco de contaminación que pone en peligro la seguridad y la salud de las familias.
Entre los problemas más urgentes destacan la presencia de jaurías de perros salvajes que han atacado a animales domésticos y representan una amenaza para niños y adultos mayores, así como la proliferación de ratas y otros vectores de enfermedades. Los residentes temen que la situación derive en brotes infecciosos graves.
Ante la presión social, el diputado González Naveda hizo un llamado urgente a los ayuntamientos involucrados para dejar de utilizar el basurero y anunció que gestionará una mesa de trabajo con la Secretaría de Gobierno del Estado a fin de resolver la problemática de manera definitiva.
El legislador confió en que el Gobierno del Estado actuará para cerrar permanentemente el vertedero, subrayando que la comunidad “no está dispuesta a seguir viviendo con las consecuencias de una operación irregular que daña su entorno y su bienestar”.
Cabe recordar que el sitio, con capacidad para recibir hasta 150 toneladas diarias de residuos, fue clausurado anteriormente tras múltiples quejas y recursos legales interpuestos por los pobladores, quienes exigen ahora que se respeten las medidas de clausura y se restablezca la seguridad en la zona.
