La justicia argentina anunciará si absuelve o condena a prisión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunta corrupción cuando fue mandataria y cuyo veredicto tendrá un fuerte impacto político. La sentencia se leerá en una audiencia que inició a las 9:30 horas locales y terminara a las 17:30, en que los acusados seguirán por videoconferencia por orden del tribunal, según una fuente judicial.
Aunque sea condenada, Kirchner no irá a prisión por contar con fueros. Se trata de un fallo en primera instancia que posibilita un largo derrotero de apelaciones que puede durar varios años antes de quedar firme. En 2023 se celebrarán elecciones generales en Argentina para las cuales Kirchner se podrá presentar a cualquier cargo, incluso para volver a la presidencia.
«La condena tiene un fuerte impacto político», dijo el analista Rosendo Fraga, pero «la posibilidad de que sea detenida por esta condena es inexistente».
«Habrá una condena» en mi contra: Kirchner
Desde el inicio del juicio, en 2019, la ex mandataria sostuvo que su condena «está escrita de antemano» al denunciar que se trata de «un juicio político» que persigue aleccionar a todo el peronismo.
«Obviamente habrá una condena», dijo Kirchner el lunes en una entrevista con el diario Folha de Sao Paulo. «La sentencia fue escrita el 2 de diciembre de 2019, la primera vez que testifiqué en este juicio. Por razones muy simples. Primero: todas mis garantías constitucionales fueron violadas. Segundo: todo lo dicho es mentira», afirmó.
Kirchner está acusada, junto a otras 12 personas, por la adjudicación supuestamente irregular de contratos de obras públicas en la provincia de Santa Cruz durante sus dos mandatos como presidenta. En el país es conocida como la «Causa Vialidad».
La fiscalía pidió para ella 12 años de prisión al considerarla «jefa de una asociación ilícita» y también inhabilitación política para ejercer cargos públicos. Kirchner dijo que más allá de una sentencia condenatoria, seguirá en política. «Opinar y decir lo que me parece que hay que hacer para salir y construir un país mejor para nuestra gente, a eso no voy a renunciar nunca», advirtió.
En sus palabras finales ante el tribunal, Kirchner acusó a los jueces de haber «inventado y tergiversado» los hechos. La defensa cuestiona además la figura penal de asociación ilícita sobre la que la fiscalía construyó su acusación.
Una posibilidad es que el tribunal encuadre su sentencia bajo la figura de fraude, para la cual la pena máxima se reduce a 6 años de prisión. En ambos casos es aplicable el castigo de inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
«Es muy difícil fundamentar una condena. Si hay derecho, y esto es Estado de derecho, tiene que absolver», aseguró el lunes uno de los abogados de la vicepresidenta, Gregorio Dalbón. Afirmó que «no hay prueba de cargo para condenarla, (pero) si el juicio va a ser político, por supuesto que va a haber una condena».
El analista Rosendo Fraga consideró que sea cual sea el veredicto, el impacto será fuerte. «La estrategia de Cristina va a ser profundizar su teoría del lawfare, que consiste en denunciar los fallos adversos en las causas de corrupción como una maniobra política para impedir su candidatura, haciendo la analogía con lo sucedido con Lula en Brasil cuatro años atrás», dijo.
En todo caso «buscará manifestaciones de adhesión de los líderes progresistas de la región, empezando por el brasileño».
Por otro lado que una eventual condena no sea acompañada de prisión «será una decepción para los sectores antikirchneristas», apuntó Fraga.
«Es probable que ella, si no se presenta de candidata a la presidencia, lo haga a la senaduría de la provincia de Buenos Aires, con lo cual tendría fuero hasta el 10 de diciembre de 2029», apuntó.
Distintas organizaciones kirchneristas y peronistas se declararon en alerta ante una posible condena sin llamar a una movilización conjunta, aunque sectores más radicalizados agitan la posibilidad de una gran movilización.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) ya ha advertido: «Si tocan a Cristina, paramos el Estado. No vamos a permitir un ‘Lula’ en nuestros país», dijo días atrás su secretario general, Daniel Catalano.
Algunas organizaciones kirchneristas de base y piqueteros lanzaron convocatorias a realizar una vigilia frente a los tribunales de Buenos Aires. Sin embargo, la propia vicepresidenta desalentó movilizaciones para evitar provocaciones opositoras, dijeron fuentes del Frente de Todos.
El 1 de septiembre Kirchner sufrió un intento de magnicidio cuando un hombre se coló entre seguidores que la esperaban a las puertas de su casa para expresarle respaldo frente al juicio. El atacante apretó el gatillo de una pistola dos veces a escasos centímetros de la vicepresidente, pero el arma falló. Está arrestado junto a su novia y otra persona señalada como líder de la banda en una causa en la que Kirchner pide investigar si hubo instigadores políticos.
La convivencia de jueces, fisalces y empersarios en Bariloche
Previo a la sentencia contra Cristina Kirchner, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, reclamó este lunes la apertura de una investigación penal sobre un supuesto viaje entre jueces, fiscales y empresarios de medios, tras la difusión de mensajes en los que se acordaban estrategias para ocultarlo.
El mandatario dio el mensaje por cadena nacional en la víspera de que se conozca el veredicto de un juicio contra la vicepresidenta Cristina Kirchner por presunta corrupción durante sus mandatos presidenciales.
«He decidido instruir al ministro de justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal y que solicite que se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión y lo relacionado a su financiamiento», precisó. Según el presidente, «lastima la democracia ver la promiscuidad antirrepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas».
Fernández utilizó la cadena nacional «porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido», dijo.
La polémica se originó en un viaje realizado el 13 de octubre a Lago Escondido —un paradisíaco paraje de la Patagonia argentina y cerca de la ciudad de Bariloche, uno de los grandes centro turísticos de Argentina—, en el que participaron jueces, fiscales, empresarios y el ministro de justicia de la alcaldía de Buenos Aires, en manos de la oposición, según una nota del diario Página/12 que lo hizo público cuatro días después. Los viajeros, que volaron en un avión privado, se alojaron en la casa de campo del millonario británico Joe Lewis, dueño de miles de hectáreas en el sur del país.
Este fin de semana salieron a la luz una serie de mensajes de un chat de la plataforma Telegram en el que los presuntos participantes de aquel viaje acordaban una estrategia para evitar la difusión y ocultar el origen del financiamiento, según se desprende de los audios y textos difundidos por varios medios. Algunos proponían la presentación de facturas apócrifas, montajes de fotografías, amenazas y otros engaños.
«Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público», advirtió el presidente.
El alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, respaldó a su ministro de Justicia, Marcelo D’Alessandro, y aseguró que está a disposición de la justicia.
«Estamos frente a una nueva operación del kirchnerismo que recurre a la manipulación de la información y al espionaje ilegal. Intentan distraer la atención de los temas importantes y generar la sensación de que somos todos lo mismo», escribió en Twitter.
