Amnistía Internacional anunció este lunes el cierre de sus oficinas de Hong Kong ante la amenaza que enfrenta su personal por una ley de seguridad nacional que impuso China al territorio.
La decisión se tomó justo el mismo día en que un tribunal de la ciudad china condenó a un exconductor de reparto de comida por incitar a la secesión al gritar consignas, en el segundo caso de seguridad nacional que llega a juicio.
Adoptada en junio de 2020, la ley sobre seguridad nacional, que según China permitió a Hong Kong recuperar la estabilidad tras las gigantescas y a veces violentas manifestaciones prodemocracia de 2019, ha transformado de manera radical el paisaje político, cultural y legal del territorio.
Anjhula Mya Singh Bais, presidenta de la junta de Amnistía Internacional, señaló en un comunicado que «la decisión, tomada con pesar, fue motivada por la ley de seguridad nacional en Hong Kong», lo que ha hecho «imposible que organizaciones en Hong Kong trabajen libremente y sin temor a represalias serias del gobierno».
Esta cierre pone fin a cuatro décadas de presencia de la organización a favor de los derechos humanos en la ciudad. Amnistía Internacional mantenía dos oficinas en Hong Kong.
La primera es una sucursal local que se centra en los derechos humanos y campañas en la propia ciudad.
Los informes recientes publicados por su equipo han incluido investigaciones sobre cómo se ha implementado la ley de seguridad y estudios sobre el uso de la fuerza por parte de la policía contra manifestantes por la democracia.
Por su parte, la segunda es una sede regional que llevaba a cabo trabajos de investigación y promoción en el Sudeste asiático y el Pacífico.
Amnistía Internacional precisó que cerrará la oficina local el 31 de octubre, mientras que la regional se mudaría a finales de 2021.
Hong Kong se autodenomina «la ciudad mundial de Asia» y durante mucho tiempo se ha promocionado como una puerta de entrada favorable a los negocios hacia China continental con su propio sistema legal separado y libertades de expresión invisibles en el continente.
Como consecuencia, muchas empresas internacionales, grupos de medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales han utilizado la ciudad como un centro regional.
Arrestos y activos congelados
Sin embargo, los cambios políticos en los últimos dos años han creado riesgos para cualquier organización que pueda criticar o estar en desacuerdo con el Gobierno chino.
La ley de seguridad nacional impuesta tras las protestas democráticas de 2019 cubre cualquier delito que China considere secesión, subversión, colusión con fuerzas extranjeras y terrorismo.
Desde entonces, más de 70 personas, entre los que se encuentran muchos de los activistas democráticos más destacados de Hong Kong, han sido acusados de delitos de seguridad.
Casi todos por tener opiniones políticas que ahora se consideran ilegales.
Este lunes Ma Chun-man, de 31 años, fue hallado culpable de incitación a la secesión por gritar consignas como «Independencia de Hong Kong, la única salida» y «hongkoneses, construyamos nuestro país».
Pude ser condenado hasta a siete años de prisión. Su sentencia se dará a conocer en una fecha aún no determinada.
A principios de este año, el periódico a favor de la democracia de Hong Kong, Apple Daily, cerró después de que sus activos fueran congelados y sus altos ejecutivos fueran arrestados.
Decenas de grupos de la sociedad civil se han disuelto en los últimos meses en un intento por evitar una investigación de seguridad nacional, a menudo después de haber sido etiquetados como «subversivos» por los medios controlados por el estado de China.
Las principales empresas de tecnología como Google, Facebook y Twitter han hablado públicamente sobre sus preocupaciones sobre la ley de seguridad de Hong Kong.
El pasado año, The New York Times citó los riesgos planteados por la ley de seguridad cuando anunció que reubicaría la mayor parte de su sede en Asia de Hong Kong a Seúl.
