Stella Sibonga, madre de tres hijos, está desesperada por terminar con un matrimonio que nunca quiso, pero el divorcio es ilegal en Filipinas, un país de mayoría católica, y la anulación en un tribunal tarda años.
«Lo que queremos es ser libres. No entiendo por qué es tan difícil», dijo Sibonga, que lleva 11 años intentando teminar con un matrimonio al que la forzaron sus padres tras quedar embarazada.
Su batalla legal comenzó en 2012 cuando pidió a un tribunal que anulara el matrimonio debido a la «incapacidad psicológica» de su marido. Al cabo de cinco años y más de 196 mil pesos filipinos (unos 3 mil 500 dólares / 61 mil 500 pesos mexicanos) en gastos legales, un juez finalmente accedió. Pero, la Oficina del Fiscal General, cuya misión es proteger la institución del matrimonio, apeló la decisión en 2019. Sibonga dice que pidió a la Corte de Apelaciones una nueva decisión, pero aún aguarda respuesta.
«¿Por qué nosotras, las que hemos experimentado el sufrimiento, el abandono y el abuso, somos castigadas por la ley?», se interrogó la mujer de 45 años que vive cerca de Manila.
La Iglesia católica es el adversario más poderoso del divorcio en Filipinas. También se opone al aborto y los anticonceptivos. Alrededor de 78% de los 110 millones de habitantes del país son católicos, según el censo oficial.
En 2018, partidos oficialistas y opositores aprobaron en la Cámara de Representantes una ley de divorcio que se estancó posteriormente en el Senado. La opinión pública es favorable al divorcio, según las encuestas de la empresa Social Weather Stations. En 2017, por primera vez, un 53% de los entrevistados se manifestó a favor de legalizar el divorcio de «parejas irreconciliablemente separadas». En 2005, 43% apoyaba legalizar el divorcio y 45% se oponía.
Los legisladores favorables al divorcio han presentado varios proyectos en la Cámara de Representantes y en el Senado. Antes de ser electo, el presidente Ferdinand Marcos dijo que el país debe considerar permitir el divorcio, aunque insistió en que no debe ser fácil.
«No estamos destruyendo ningún matrimonio», sostuvo Edcel Lagman, diputado y autor de uno de los proyectos. El divorcio es para «matrimonios disfuncionales sin solución» y legalizarlo permitiría a las mujeres y sus hijos dejar a «maridos intolerantes y abusivos».
La imposibilidad de divorciar da lugar a abusos. Una víctima dijo que le cobraron 134 mil 200 pesos filipinos (unos 2 mil 400 dólares / 42 mil 700 pesos mexicanos) por un servicio de anulación que resultó ser falso. La persona piensa convertirse al islam con la esperanza de obtener un divorcio bajo la ley musulmana.
Katrina Legarda, especialista en derecho de familia, dijo que el número de personas que caen en servicios falsos revela la «seria necesidad» de una legislación nueva. Pero el padre Jerome Secillano, de la Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas, consideró que el país debe sentirse «orgulloso» de seguir «aferrado al concepto tradicional del matrimonio» e indicó que divorciarse de una pareja abusiva «perpetuará la violencia» porque el responsable continuará abusando de su próxima pareja.
Sibonga fue criada como católica pero dejó de ir a la iglesia para evitar acusaciones de adulterio. Tiene un novio de larga data pero no puede casarse con él hasta terminar legalmente su primer matrimonio. La demora en su caso no es raro en Filipinas, donde un destartalado sistema de justicia puede tardar años en resolver incluso casos menores.
«La gente piensa que porque sigo técnicamente casada soy pecadora», expresó.
Sibonga afirmó que su relación con su esposo fue traumático y que la llevó a intentar el suicidio dos veces. No quiere que sus hijos se casen hasta que se apruebe el divorcio.
«Les dije que pueden convivir y tener los hijos que quieren, pero nunca voy a consentir con que se casen», afirmó. «No quiero que terminen como yo».
