El arribo de policías antimotines y el rumor de órdenes de aprehensión en contra de quienes convocaron a una manifestación violenta disuadió a los organizadores y participantes que se tenía previsto protestarían frente a Palacio de Gobierno, no sin antes causar destrozos en el primer cuadro de la ciudad capital.
A temprana hora, policías estatales resguardaron el centro con el objetivo de blindar edificios públicos y privados, aunado a ello antimotines arribaron al Teatro del Estado donde sería el punto de reunión para los manifestantes.
De acuerdo al Artículo 268 del Código Penal de Veracruz señala que «A quien públicamente incite a cometer un delito o haga apología de éste o de un vicio, se le impondrán de uno a tres años de prisión y multa hasta de cuarenta días de salario».
Mientras que en el título XVI, en relación a los Delitos contra la seguridad del Estado,
(Artículo 299) «Siempre que dos o más personas resuelvan de concierto cometer alguno de los delitos de
este Título y acuerden los medios para producirlos, se les impondrán de tres a nueve años de prisión, multa hasta de ochenta días de salario y suspensión de sus derechos políticos hasta por tres años.
Cuando el concierto sea para organizar, promover, armar o financiar grupos armados al margen de la ley, se impondrán de seis a quince años de prisión, multa de hasta trescientos cincuenta días de salario y suspensión de sus derechos políticos.
«La pena privativa de libertad se aumentará en una mitad para quienes organizan, fomenten, promuevan,
dirijan, encabecen, constituyan o financien el concierto para delinquir».
Bajo estos preceptos se implementó una fuerte movilización por parte de la Secretaría de Seguridad Pública con la orden de aprehensión en virtud de que dichas convocatorias a la violencia están tipificadas como delitos graves.
