La presidenta de Perú, Dina Boluarte, reiteró que las medidas que se tomaron contra el expresidente Pedro Castillo se debieron «a un golpe de Estado» y que la decisión del Congreso de la República del Perú «va acorde con la Constitución del país», esto en respuesta a la carta enviada por los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia donde expresan su respaldo al exmandatario, que se encuentra preso por «rebelión», y desconocen su juramentación.
En un comunicado poblucado por la Cancillería peruana, Boluarte solicitó a los presidente de los cuatro países —Andrés Manuel López Obrador (México), Alberto Fernández (Argentina), Gustavo Petro (Colombia) y Luis Arce (Bolivia)— respetar las decisiones que Perú ha venido adoptando en medio de su crisis política ya que se hizo para salvaguardar “la institucionalidad, democracia y estado de derecho” del país.
Los gobiernos izquierdistas expresaron su respaldo a Castillo en momentos en que se registran importantes manifestaciones contra su destitución y arresto, así como la designación como presidenta de Dina Boluarte.
«El Presiente Castillo Terrones, desde el día de su elección, fue víctima de un antidemocrático hostigamiento, violatorio (…) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos», reza un comunicado suscrito por los cuatro países y divulgado este lunes por la Cancillería de Colombia. «Exhortamos a quienes integran las instituciones de abstenerse de revertir la voluntad popular expresada con el libre sufragio», se lee en el comunicado conjunto.
Castillo, un maestro rural alejado de las élites peruanas, gobernó menos de un año y medio en un periodo marcado por una profunda crisis política. Al momento del arresto se dirigía a la embajada mexicana para solicitar asilo. El Congreso, dominado por la derecha, aprobó una norma que permite acelerar un juicio penal en su contra.
El exmandatario es «objeto de un tratamiento judicial (…) violatorio» de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, agregaron los países que suscriben el mensaje.
La vicepresidenta Dina Boluarte denunció a Castillo por intentar perpetrar un «golpe de Estado» y lo reemplazó en el poder. Ahora enfrenta multitudinarias protestas de gremios agrarios y organizaciones campesinas e indígenas, sectores afines a Castillo que exigen su renuncia.
Un plan del nuevo gobierno para adelantar las elecciones de 2026 a 2024 no ha debilitado las movilizaciones, que dejan cuatro civiles muertos en las últimas 36 horas. Los manifestantes piden la «inmediata libertad» de Castillo, así como el cierre del congreso.
