El COVID-19 ha impactado la economía de muchos países, los cuales se han visto en la necesidad de solicitar a sus habitantes no salir de sus hogares por semanas e, incluso, meses, con el fin de frenar la propagación de esta enfermedad. En México, esta situación no ha sido diferente.
El hecho de frenar la actividad económica ha traído consecuencias considerables para gran parte del mundo, entre ellas, caídas históricas de las bolsas de valores a nivel global y la disrupción de cadenas de suministro de bienes.
Se prevé que el mayor impacto sea en las industrias del turismo, debido al cierre temporal de hoteles, por la seguridad de la población; y en las aerolíneas, las cuales tendrán que reducir su número de operaciones, ya que los pasajeros, tanto turísticos como de negocios, han dejado de volar, por el riesgo que esto implica –la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) estima una pérdida de ingresos mundiales, en 2020, de 252 billones de dólares–.
En la industria automotriz, los efectos de la contingencia actual se han manifestado en la interrupción de sus operaciones en México y en los Estados Unidos, así como en un bajo pronóstico de ventas –para 2020 y 2021, se anticipa una baja en la demanda, lo que seguramente afectará tanto a las grandes armadoras como a sus proveedores de partes–. En México, donde la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) estima una caída del 25% en la venta de autos nuevos para 2020, la situación podría poner en riesgo miles de trabajos en la región del Bajío, la cual concentra gran parte de la inversión de este sector.
Para aminorar los efectos económicos de esta pandemia, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) publicó, el pasado 26 de marzo, una serie de lineamientos a considerar para las administraciones fiscales a nivel global, entre ellos:
Tiempo adicional para el cumplimiento de asuntos fiscales; puede incluir desde prórrogas a vencimientos, realizar pagos diferidos, condonar multas e intereses, realizar pagos en parcialidades y suspender la cobranza de deudas fiscales.
Aceleración de las devoluciones a los contribuyentes.
Cambios temporales a las políticas de auditoría fiscal e implementación de nuevas maneras para dar certidumbre fiscal.
Expandir los servicios a los contribuyentes y las iniciativas de comunicación.
Por su parte, el pasado 5 de abril, el gobierno federal presentó un proyecto de estímulos económicos que, dentro de los temas fiscales, incluyó un comentario sobre apresurar la resolución de trámites de devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). En el escenario actual, este beneficio económico podría representar una oportunidad para que las empresas, después de realizar los esfuerzos correspondientes, puedan recuperar flujos de efectivo.
En tanto, las administradoras de impuestos a nivel estatal, a través de los gobiernos locales, han buscado incentivar la economía local, la conservación de empleos y el apoyo a los empresarios.
En el caso de Guanajuato, el pasado 27 de marzo de 2020, se publicó un decreto de apoyo económico ante la contingencia por el COVID-19, en el cual se difiere el pago del Impuesto Sobre Nóminas (ISN) de los meses de marzo y de abril en, incluso, seis parcialidades mensuales; el entero de la primera parcialidad de ambos meses se deberá realizar a más tardar el 22 de julio de 2020, sin que suponga multas, actualizaciones o recargos, si se cumple con este compromiso.
Asimismo, el municipio de León otorgará apoyos económicos y préstamos, tanto para las micros, pequeñas y medianas empresas (mipymes), como para las personas físicas con actividades empresariales, con el objetivo de apoyarlos a confrontar las circunstancias originadas por la situación actual. Será importante que estas medidas sean tomadas en cuenta por los empresarios, grandes y pequeños, para contrarrestar los efectos económicos causados por el COVID-19.
