Ante la crisis de inseguridad que se vive en el país, es necesario fortalecer la prevención y el combate al delito, así como las políticas públicas en materia de seguridad, por lo que es imperante modernizar e incrementar el parque vehicular de las patrullas; con modelos, recientes y a la vanguardia que permite una adecuada vigilancia y operación.
Los beneficios del arrendamiento son mucho mayores a los de la adquisición, ya que se tiene garantía de mantenimiento, con acceso a mecánicos capacitados y que las unidades se encuentren siempre operativas. Si el estado tuviera que contratar un servicio ante cada desperfecto los costos se elevan; sin mencionar que las patrullas terminarán obsoletas en pocos años y en deposititos de chatarrización.
En Puebla existen tres empresas que están compitiendo por ser la elegida para la adquisición de patrullas, sin embargo, no se puede regresar a la compra sin arrendamiento porque se corre el riesgo de los cementerios de patrullas, como los qué hay en otras entidades; Morelos es un ejemplo de ello, donde permanecen estacionadas, abandonadas y descompuestas.
Si en Puebla deciden dar por ganador de la licitación de patrullas a una empresa que no tiene vehículos adecuados para la seguridad, se regresa a la opacidad y al método priista de corrupción, donde se compraba una patrulla inadecuada, se mandaba a un taller de un amigo del funcionario, para que sirviera tan solo un mes, y fallara de nuevo; en un ciclo interminable en el taller mecánico.