Después de 11 años en que se ofreció investigar a los responsables en México del Operativo Rápido y Furioso, un Juez de Distrito le concedió siete órdenes de captura al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, entre ellos Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Joaquín El Chapo Guzmán.
Las investigaciones realizadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron la vinculación en estos hechos de quienes, en su momento, fueron las autoridades relacionadas con el operativo, y el líder del grupo delictivo que recibió las armas.
García Luna se desempeñaba como secretario de Seguridad Pública Federal, mientras que Cárdenas Palomino ocupaba el cargo de Coordinador de Inteligencia de la Policía Federal; mientras que El Chapo Guzmán, como líder del Cártel de Sinaloa, fue quien recibió la mayor cantidad de armas del Operativo Rápido y Furioso, de acuerdo con las investigaciones.
La FGR, a cargo de Gertz Manero, presentó los elementos de su investigación a un Juez de Distrito quien concedió siete órdenes de captura, en contra de García Luna, actualmente detenido en Estados Unidos por sus vínculos con grupos dedicados al tráfico de drogas.
También en ese país se encuentra recluido El Chapo Guzmán, en una prisión de máxima seguridad por narcotráfico, y Cárdenas Palomino en el Penal Federal Altiplano por su presunta complicidad y protección a grupos criminales.
Asimismo, se lograron las órdenes de aprehensión en contra de Genaro «G”, ex secretario de Seguridad Pública Federal; así como de Luis «C”, Coordinador de Inteligencia de dicha Policía (Federal); y quienes se encuentran recluidos en prisiones de alta seguridad, tanto en Estados Unidos, como en México”, informó este domingo la FGR, en un comunicado.
El organismo autónomo calificó como “absolutamente ilegal e inadmisible” la conducta que tuvo por objeto traficar más de 2 mil armas de fuego, desde Estados Unidos hacia México.
De conformidad con las investigaciones desarrolladas por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, se obtuvo la información necesaria para establecer dicho tráfico ilegal de armas de fuego, que fueron utilizadas en diversos delitos de sangre en el país, desde al año de 2009 hasta fechas recientes”, detalló la FGR.
El Operativo Rápido y Furioso fue coordinado por el Departamento de Justicia estadunidense, con la participación de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), la Agencia Antidrogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Consistió en la compra de armas para su tráfico ilegal y entrega, principalmente entre integrantes de grupos del crimen organizado en México, con el objetivo de rastrear su uso.
El 15 de febrero de 2011 fue asesinado el agente estadunidense Jaime Zapata, por una carretera de San Luis Potosí, cuando viajaba de la capital del país a Monterrey, mientras que su compañero Víctor Ávila resultó lesionado.
Las investigaciones revelaron en Estados Unidos y en México que el ataque a los agentes se cometió con armas involucradas en el Operativo Rápido y Furioso, lo que desató investigaciones en ambos países.
Fue en ese año, que la entonces procuradora General de la República, Maricela Morales Ibáñez, ofreció investigar los hechos “hasta sus últimas consecuencias”, pero pasaron 11 años.
