Ciudad de México /
La diputada del PRD, Norma Azucena Rodríguez Zamora, propuso que los servicios de asesoría jurídica se presten preferentemente a los migrantes víctimas o testigos de delitos graves cometidos en territorio nacional.
La legisladora indicó que, quienes atraviesan el territorio nacional, frecuentemente son víctimas de abusos y violaciones a sus derechos y, en algunos casos, con la aprobación de autoridades gubernamentales.
“El panorama se torna desalentador cuando se suma la imposibilidad de obtener representación legal y una audiencia justa, ya sea por temor a represalias, desconocimiento de nuestro sistema judicial o recursos económicos insuficientes”, aseguró.
Por lo tanto, todo servidor público que trate con personas migrantes debe asegurarse que tengan acceso a la justicia, que estén debidamente informadas sobre sus derechos a la asistencia legal y consular, en caso de ser necesario, a un traductor o intérprete .
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia para análisis y dictamen, expone que el organismo Human Rights Watch citó que entre enero y septiembre de 2019 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 599 quejas de abusos contra migrantes.
Señaló que, de acuerdo con el informe 2019 de la Fiscalía General de la República (FGR), únicamente se logró judicializar el uno por ciento de los delitos contra migrantes. Además, de 258 carpetas de investigación, solamente tres llegaron hasta un juez a fin de iniciar un proceso penal.
Destacó que los migrantes que huyen de situaciones de crimen organizado, violencia y persecución en su país también pudieron haber sido víctimas o testigos de crímenes antes de llegar a México y, por lo tanto, pueden ser especialmente vulnerables.
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Mencionó que el acceso a la justicia es necesario para estas personas que corren altos riesgos de ser testigos o víctimas de delitos graves, como secuestro, tráfico ilícito de migrantes, trata de personas, robo, asalto y extorsión.
Por ello, reiteró que factores como la ausencia de representación legal gratuita, falta de tiempo y recursos para llevar a cabo un litigio, no hablar español, desconocer sus derechos y desconfiar de las autoridades, son algunas razones por las que a menudo no denuncian.
